En relación a las preguntas que nos hacíamos en ¿Cómo fue el incendio en el galpón de Iron Mountain en Barracas?, presento aquí las primeras respuestas en esta nota periodística del Diario LA NACION.
Cerca de las 8 comenzó a sonar la alarma de incendio en el depósito de Iron Mountain, en Araza 1245, en Barracas. El empleado de seguridad y una de las encargadas de limpieza fueron a constatar si había fuego, pero no vieron nada. Minutos después volvió a sonar la alarma, pero en otro sector. Cuando llegaron al lugar, las llamas ya se propagaban con voracidad. Entonces, junto con otros tres empleados, intentaron apagar el incendio con los matafuegos, ya que los aspersores automáticos no funcionaron. Al ver que las llamas se descontrolaban, llamaron a los bomberos, cerraron la puerta y se fueron.
Esto fue lo que declararon ayer ante la Justicia, en calidad de testigos, los cinco empleados de Iron Mountain que trabajaban en el depósito de archivos de documentación de empresas que se incendió anteayer.
El fuego destruyó dos de las cinco naves del depósito y provocó el derrumbe de una pared, que mató a siete bomberos (seis de la Policía Federal y uno, voluntario) y a dos rescatistas. Todos fueron despedidos ayer con honores en medio de un clima de consternación.
Los testigos (dos operarios y un jefe de planta, una empleada de limpieza y un agente de seguridad) coincidieron en su testimonio ante la fiscal de instrucción Marcela Sánchez en que «falló el sistema automático antiincendio».
Fuentes de Iron Mountain dijeron a LA NACION que no iban a formular ninguna declaración hasta que la Justicia no haya concluido la investigación.
La última inspección que el gobierno de la ciudad hizo en el depósito de la empresa norteamericana, con sede central en Boston, fue en julio de 2012. En ese momento cumplía con la normativa para funcionar.
Fuentes del gobierno porteño admitieron a LA NACION que el año pasado la Agencia Gubernamental de Control (AGC) no realizó ninguna inspección en el lugar. Ese trabajo consiste en la verificación de la habilitación, el funcionamiento de los matafuegos, la correcta señalización de las salidas de emergencia y la constatación de material ignífugo en zonas proclives a sufrir incendios.
Desde el 8 de noviembre de 2007, fecha en la que se habilitó el depósito de Barracas donde ocurrió la mayor tragedia de la historia de los bomberos de la Capital, había recibido -tal como marca la legislación vigente- una inspección por año. Nadie explicó por qué en 2013 no se cumplió ese procedimiento.
Ayer desde la AGC dijeron que no iban a realizar declaraciones sobre este tema porque regía el «secreto de sumario». Agregaron que la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, a cargo de Sánchez, ya había recibido toda la documentación de las últimas inspecciones realizadas por el organismo al depósito de Iron Mountain. Desde la fiscalía, sin embargo, dijeron no habían recibido esa documentación.
En cuanto a las inspecciones en los locales comerciales de la ciudad, el protocolo de la AGC se rige por las denuncias que realizan los vecinos. Por ejemplo: si un local tiene observaciones de alguna irregularidad, ese sitio es prioridad para ser visitado por los inspectores. «Pero de ninguna manera tenemos la obligación de ir a controlar todos los locales una vez al año. Primero vamos a los lugares más críticos», dijo a LA NACION un inspector de la AGC.
Consultada la fuente sobre si en las requisas a los galpones se verifica el funcionamiento de los sistemas antiincendios, dijo: «Se controla que estén, pero no se les hace una prueba concreta».
Ayer, funcionarios que estuvieron durante la gestión de Telerman, cuando se otorgó la habilitación al depósito de Iron Mountain, indicaron que entonces dicho certificado para funcionar «no requería una inspección previa». Los galpones eran habilitados con la presentación de planos y el certificado de seguridad contra incendios otorgado por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Más tarde se hacía la inspección.
«En marzo de 2008, con la oblea que le otorgó el profesional del área del Personal Verificador de Habilitaciones (PVH), no se habría contemplado un informe desfavorable que decía que el lugar era peligroso y que no podía haber presencia de público», según contó la fuente a LA NACION.
Aunque desde el gobierno porteño lo desmienten, el expediente en el que habrían constado las anomalías se habría perdido y hasta se habría labrado un sumario por esta situación.
Más testigos
Ayer, luego de tomar las declaraciones testimoniales a los cinco empleados de Iron Mountain -trámite que se extendió durante al menos cuatro horas-, desde la fiscalía confirmaron que para hoy fueron citados a prestar declaración testimonial los bomberos de la Policía Federal Martín Coppola y Nicolás Scorza, además del bombero voluntario Daniel Marcos Herrera, quienes resultaron heridos durante el operativo para extinguir el fuego.
La Justicia espera que den de alta a otros seis bomberos que continúan internados para que también presten declaración.
Una de las vías de investigación de los fiscales es determinar por qué razón falló el sistema de seguridad contra incendios. Las teorías son varias, pero por ahora no hay ninguna certeza.
Ayer el humo se sentía en diez cuadras a la redonda del depósito de la tragedia. Barracas estaba aún conmocionada. Las esquinas eran puntos de reunión de vecinos consternados. Inquietos. Angustiados. A los gritos, discutían, conversaban. Lloraban.
Sus voces se iban perdiendo a medida que se cruzaban los vallados policiales que cercan el depósito. Allí, el silencio era desolador: las cenizas se reavivaban con el viento y los golpeados bomberos que el día anterior perdieron a sus compañeros seguían arrojando agua a presión para evitar que el fuego se propagara. No había risas, ni palabras, ni consuelo.
El día después del trágico incendio, el depósito de Iron Mountain parecía la réplica de un objetivo militar que no sobrevivió a un bombardeo. «Es terrible lo que sucedió, terrible. Uno no logra entenderlo. Parece un sueño», decía un bombero de Villa Ballester.
De inmediato un supervisor se acercó para advertir que la prensa «no podía estar en el lugar del hecho». El lugar era la esquina de Juvenallos y Quinquela Martín. Aquí habían perdido la vida los siete bomberos y los dos rescatistas. El hombre, de voz ronca, le hizo saber a un efectivo de la Prefectura que «por favor» no debía dejar pasar a nadie. Menos, periodistas.
Las llamas, en esa suerte de jungla de chatarras, paredes rotas y hierros retorcidos, eran combatidas ayer al mediodía por tres rescatistas. Ellos decían que el fuego estaba «controlado», pero inmediatamente aclaraban que el problema no se había «resuelto».
Interrogantes que apuntan al depósito
Aumentan las dudas sobre lo sucedido en el incendio.
- ¿Cómo se originó el fuego? -Ésa es la duda central cuya respuesta deberá encontrarse en el peritaje que se profundizará una vez que se apague el fuego. Saber si el incendio fue ocasionado por un accidente o fue iniciado en forma intencional marcará la línea de trabajo judicial.
- ¿Funcionaron en el depósito los sistemas contra incendios? -Los cinco empleados de la compañía Iron Mountain que declararon ayer ante la fiscal Marcela Sánchez coincidieron en señalar la falla en los sistemas automáticos de protección contra incendios. Indicaron que existieron dos avisos de las alarmas por fuego en zonas diferentes.
- ¿Estaba habilitado el depósito incendiado? -El gobierno de la ciudad dio habilitación a ese local en Barracas, pero las condiciones del lugar no eran inspeccionadas oficialmente desde junio de 2012.
- ¿Se pudo evitar la muerte de los bomberos? -El fallecido comisario Leonardo Day era uno de los bomberos más capacitados del país. Experiencia no faltaba en el grupo que murió bajo los escombros.
