La calidad de vida del hombre común, depende en buena parte de la calidad de los productos que consume. No siempre se encuentra en condiciones de evaluar la calidad de éstos y en consecuencia se ve precisado a confiar en la palabra de quien se lo ofrece cuando no existe una certificación que la avale. Así funciona el mercado y es por ello que el Estado consideró y considera que es necesario garantizar al público usuario la calidad de aquellos productos donde sus características pueden evitar o atenuar los riesgos de la tarea que realiza y con ese fin resolvió establecer la certificación obligatoria.
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