La utilización de la tecnología agrícola de agroquímicos para defender los rendimientos de los cultivos de plagas, malezas y enfermedades está en el centro de un fuerte debate. En Santa Fe, los legisladores intentan consensuar una legislación provincial, en medio de tensiones entre los productores y los grupos ambientalistas. Y hay ciudades y pueblos rurales que también están sancionando sus propias ordenanzas para reglamentar las aplicaciones.
Por eso, en el INTA Rafaela se organizó recientemente una jornada de debate entre expertos en pulverizaciones, políticos, referentes de las empresas que producen agroquímicos y docentes universitarios para analizar cómo garantizar la aplicación segura de agroquímicos en el campo y cerca de las ciudades y pueblos rurales.
El ingeniero Rubén Massaro, especialista en pulverizaciones del INTA Oliveros (Santa Fe), dijo, en diálogo con Clarín Rural, que para evitar riesgos de contaminación y utilizar con mayor eficiencia los herbicidas y plaguicidas en la Argentina es necesario mejorar la tecnología de la mayoría de las pulverizadoras, no utilizar productos volátiles (que se gasifican) y avanzar en la profesionalización de las empresas que aplican los defensivos agrícolas.
“En el país todavía es baja la cantidad de pulverizadoras que cuentan con pastillas de aire inducido (Sistema Venturi), que se llaman anti deriva y que garantizan que la gota del producto da en el blanco”, advirtió Massaro. El tamaño de la gota es clave porque si es muy fina es mayor el riesgo de que en vez de llegar al cultivo se desplace del lote.
El otro punto central es dejar de utilizar los insecticidas cuyos principios activos son volátiles (por ejemplo, los insecticidas a base de clorpirifós). “El problema es que cuando se gasifican son muy difíciles de controlar en un espacio abierto. Además, hay una amplia oferta de herbicidas, fungicidas y plaguicidas cuyos principios activos no son volátiles”, aseguró Massaro.
La tercera cuestión es la total profesionalización de las empresas que realizan las aplicaciones, un eje que va desde la ropa de protección que usa el operador, las medidas de seguridad en el manejo de los productos y el profundo conocimiento de la actividad para no correr riesgos. “Eso supone considerar las condiciones climáticas y las dosis recomendadas para lograr eficiencia y seguridad”, explicó.
En Rafaela, un punto en el que todos estuvieron de acuerdo fue en la necesidad de cuidar las áreas críticas: poblaciones y parajes rurales, escuelas, feedlots, tambos, criaderos de cerdos y granjas avícolas, entre otras.
Un documento reciente del Ministerio de Agricultura (del 2013), que se realizó en conjunto con referentes del Senasa, el INTA, Acsoja, Maizar, Aapresid y Aacrea, entre otras entidades, habló de la necesidad de establecer zonas de amortiguamiento o “buffer” para pulverizaciones en cultivos extensivos en el límite con las localidades rurales, de unos 100 metros para pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aéreas.
Massaro insiste en que para que estos lineamientos funcionen y no haya peligro de deriva y contaminación es fundamental que la técnica de pulverización sea con pastillas anti deriva, con productos que no sean volátiles y respetando las condiciones climáticas adecuadas (porcentaje de humedad, viento, temperatura, etc.).
Otro de los disertantes, Carlos D’Angelo, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), advirtió que las prohibiciones solas no alcanzan para resolver este problema y propuso un sistema de gestión y control local, consensuado y verificable en sus cumplimientos. “Un modelo apoyado en la comunicación y que requiere básicamente compromiso político para echarse a andar”, dijo.
Rafael Abal, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), coincidió en la necesidad de fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el uso responsable de los herbicidas, plaguicidas y fertilizantes. Además, comparó la toxicidad de diferentes tipos de productos que se utilizan en la vida cotidiana para relativizar el concepto de toxicidad y destacó el crecimiento de los productos de banda verde (biológicos), en contraposición con los de banda roja (químicos más peligrosos), de utilización cada vez más baja en el campo.
