Manejo adecuado de agroquímicos y distancias de seguridad

Después de un año de trabajo, el Gobierno, entidades técnicas vinculadas con los productores, ingenieros agrónomos y aeroaplicadores, universidades, organismos públicos como el INTA y el Senasa y cámaras de insumos acordaron el martes pasado un documento con sugerencias y recomendaciones para la aplicación de agroquímicos, que incluye las distancias de seguridad para el uso en zonas urbanas.

Si bien el documento, elaborado en el marco de una mesa de trabajo convocada en el área del secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, no tiene fuerza de ley, se impulsó para darles soporte a municipios y provincias que, con una amplia variedad de criterios, ya legislaron sobre este tema, en especial para las distancias.

Precisamente, según trascendió de diversas fuentes, para las pulverizaciones terrestres se plantea una distancia de seguridad de 100 metros, como máximo, y de hasta 200 metros, también como máximo, para los casos en que se use avión.

Además, introduce la posibilidad de que en las pulverizaciones terrestres las distancias puedan ser menores siempre que esté presente un profesional agrónomo controlando.

Esas distancias se contraponen con las que muchos municipios establecieron a través de ordenanzas donde, por ejemplo, hablan de 1000 metros o incluso más en el caso del avión.

«La idea conceptual de este trabajo es que, aunque no se trata de una ley, pueda servir para los municipios que están interesados en este tema», señaló una fuente que asistió a los encuentros.

Para comparar, en Europa las distancias varían de acuerdo con los objetivos de protección, ya sea de ambiente o poblaciones, pero hay países por debajo de lo que sugiere la mesa que abordó este tema en el Ministerio de Agricultura.

Soporte

Además de ser un «soporte» para municipios y provincias en relación con las distancias, el documento es una respuesta a organizaciones ambientalistas que critican agroquímicos como el glifosato, producto que el Senasa calificó de «banda verde» o menor riesgo toxicológico. En la Argentina, se usan unos 180 millones de litros de este producto por año, un 8,5% de lo que se emplea en el mundo.

El trabajo contiene información técnica y académica. Participaron, además del Ministerio de Agricultura de la Nación, ministerios de agricultura de provincias, el INTA, el Senasa, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), cámaras de aplicadores, universidades y el Concejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), entre otras entidades. Hubo también en las reuniones referentes de entidades gremiales del agro.

«Fue una excelente sinergia público-privada», valoró una fuente.

El trabajo ahora está a la firma del ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que lo haría público próximamente. Sin éxito, LA NACION intentó obtener más información en esa cartera.

Según trascendió, en el documento se destaca el rol del ingeniero agrónomo para que las aplicaciones se realicen según los procedimientos correctos y se subraya la importancia de uso de buenas prácticas de manejo.

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